El oficialismo terminó de definir el dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con las modificaciones negociadas para intentar garantizar su aprobación en el Senado. El principal cambio está vinculado con la ley de Tierras: en lugar de eliminar las restricciones vigentes, la nueva versión eleva del 15% al 25% el límite permitido para la titularidad extranjera en cada provincia.

El texto comenzó a circular luego de las negociaciones que encabezó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con los senadores aliados. La concesión representa un retroceso respecto de la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que buscaba liberar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El nuevo dictamen está compuesto por 47 artículos y no se limita al régimen de tierras rurales. También modifica la normativa sobre expropiaciones y regularización dominial, los procesos de desalojo, la ley de Manejo del Fuego y el funcionamiento de los registros de la propiedad inmueble.

El nuevo dictamen establece que la titularidad de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá superar, en conjunto, el 25% de la superficie rural de cada provincia. La ley vigente fija ese límite en el 15%, mientras que el proyecto original del Gobierno buscaba eliminar por completo la restricción.

“La titularidad de tierras rurales por personas humanas o jurídicas extranjeras no podrá exceder, en conjunto, el veinticinco por ciento (25%) de la superficie de las tierras rurales de cada provincia”, señala el artículo 25 del documento.

La modificación surgió de las negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich con los bloques aliados ante las dificultades para reunir los votos necesarios. En una instancia anterior, el oficialismo ya había aceptado reconocer la facultad de las provincias para establecer su propia normativa sobre la adquisición de tierras rurales.

El dictamen también mantiene la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales y exige autorizaciones especiales para empresas con participación estatal extranjera y operaciones en zonas de frontera. Sin embargo, esos puntos forman parte del texto integral y no necesariamente de la última modificación negociada.